Alfredo Apilánez y Salva Torres

¿Será que es posible que las compañías multinacionales puedan llevar ante la justicia internacional a Estados soberanos cuyas políticas puedan tener un efecto restrictivo sobre sus beneficios y sean contrarias a sus intereses privados? Y tanto que sí: esa es, precisamente, la función que desde hace varias décadas cumplen los tribunales de arbitraje.

Beatriz Plaza y Pedro Ramiro

 

“Trato injusto e inequitativo”. Esta es la contundente fundamentación del reciente varapalo legal propinado por el CIADI  (tribunal de arbitraje del Banco Mundial) al Estado español en la primera sentencia por el llamado “hachazo” a las renovables. El título de la historia podría ser: “los recortes ‘austericidas’ y el efecto boomerang”. El objeto de la disputa eran las nefastas consecuencias financieras para los inversores de la supresión “de manera drástica y abrupta” –y con efectos retroactivos- de las generosas ayudas a las energías renovables instauradas en los “días de vino y rosas” de la burbuja inmobiliaria por los gobiernos de Aznar y Zapatero. La chapuza provocó un aluvión de demandas de los perjudicados ante las cortes de arbitraje internacionales: “Las empresas realizaron fuertes inversiones y, cuando el Gobierno cambió las reglas y recortó las subvenciones (primero a finales de 2010, con el PSOE, y luego, en 2013, con la aprobación de la reforma del sector eléctrico del Gobierno del PP), las compañías demandaron a España”.

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